El “borrón y cuenta nueva” en Cuba sólo legitimaría la impunidad

El "borrón y cuenta nueva" en Cuba sólo legitimaría la impunidad
Armando de Armas / martinoticias.com

La sociedad cubana tiene el derecho de recibir respuestas a lo que
ocurrió, responsabilizar a los culpables y retribuir a las víctimas,
declaró a Martí Noticias el autor Julio Shiling, quien acaba de publicar
"Democratización en Cuba: Un manual conciso".
Con motivo de la publicación del libro Democratización en Cuba: Un
manual conciso, de importancia capital dados los últimos acontecimientos
relacionados con la isla, entrevistamos para Martí Noticias a su autor
Julio M. Shiling.

Shiling es politólogo, escritor, conferenciante y director del foro
político y la publicación digital, Patria de Martí. Cuenta con una
Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la
Florida (FIU). Es miembro de The American Political Science Association
("La Asociación Norteamericana de Ciencias Políticas"), el International
Political Science Association ("La Asociación Internacional de Ciencias
Políticas") y el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio.

Sus artículos y ensayos se han reproducido en decenas de publicaciones
impresas y electrónicas en los EE UU, América Latina y Europa, y es
autor también de Dictaduras y sus paradigmas: ¿Por qué algunas
dictaduras se caen y otras no? (Eriginal Books, 2013).

Shiling amablemente concedió en contestar el siguiente cuestionario a
Armando de Armas:

¿Cuáles son los mayores retos para un proceso de transición democrática
verdadera en Cuba?

Todo proceso de democratización encara obstáculos. Los retos principales
en una transición hacia la democracia, sin embargo, son (1) contender
con el pasado dictatorial y (2) erigir instituciones democráticas. En
Cuba sigue rigiendo un régimen totalitario que profesa adhesión
ideológica al marxismo-leninismo y tiene un liderazgo sultánico. Esto
quiere decir muchas cosas.

Primero, todo régimen totalitario, fascista o comunista, ha cometido
crímenes de lesa humanidad. Esto es un factor de operación inherente del
sistema. Por lo tanto, la memoria colectiva de los cubanos que abarca un
alto contenido de violaciones sistémicas a los derechos humanos,
requiere que el pasado se atienda inmediatamente. Los pueblos tienen el
derecho a saber lo qué paso, a ver los culpables sancionados y a recibir
indemnización las víctimas. Esta acción de enfrentar el pasado y ofrecer
mecanismos para aliviar el mal infligido, a la vez aporta enormemente al
segundo reto. El resultado de este proceso sanador ayuda a fundar
instituciones con apego a un Estado de derecho. También promueve las
condiciones para que los cubanos adquieran confianza en instituciones
públicas. Esto es importantísimo, ya que evitaría revanchismos
personales y baños de sangre innecesarios.

¿Qué habría que hacer para lograr una rápida y radical descomunización
de Cuba?

La tarea de la descomunización en Cuba, ese proceso
jurídico/ético/político, tiene que ser la punta de lanza de la política
de Estado de una Cuba libre en camino a la consolidación democrática.
Cuando se parte desde una dictadura de dominación total en el curso
transitorio hacia la democracia, la conclusión de que el régimen
comunista previo fue tiránico e inconsistente con las aspiraciones
democráticas de un pueblo, el mecanismo de la descomunización es
prioritaria. De lo contrario se estaría claudicando ante la realidad que
fue el pasado dictatorial y tenebroso. La descomunizazción no es una
cuestión de una mera alternativa o variante. Es, para Cuba, una
necesidad innata si la nueva república quiere permanecer libre y
alcanzar el estado de un país en democracia.

¿Qué importancia otorga a la aplicación de la Justicia tras un cambio de
gobierno en la isla, o sería más recomendable el borrón y cuenta nueva?

La justicia transicional es un procedimiento irremplazable y fundamental
como herramienta sanadora, reconciliadora y fortalecedora para el futuro
de una Cuba libre y democrática. La misma, como se mencionó previamente,
enfoca en la resolución de los dos retos principales que confronta todo
proceso de democratización (lidiar con el pasado y fundar instituciones
democráticas). El

"borrón y cuenta nueva" es en efecto la antítesis de la justicia
transicional. Es una política que pretende excusar crímenes serios
intentando implantar una política artificial de reprimir la memoria
colectiva de un pueblo. La barbarie ocurrió, no ha sido inventada. La
sociedad cubana tiene el derecho de recibir respuestas a lo que ocurrió,
responsabilizar a los culpables y retribuir a las víctimas. La base de
un Estado de derecho se forja sobre un sistema legal y moral que le
ofrece a todos un debido proceso de justicia imparcial, pero definitiva.
La tesis del "borrón y cuenta nueva" sólo institucionalizaría la
impunidad. Cuando un pueblo en una sociedad abierta no confía en la
capacidad del Estado de ejecutar la justicia, se la toma en sus propias
manos. Eso hay que evitarlo. Por eso la justicia transicional es
indispensable.

¿Qué hacer con las propiedades robadas por la revolución castrista, dado
que los más afectados no fueron las grandes corporaciones como suele
asegurarse, sino miles de pequeños propietarios de bares, bodegas,
fondas, friteras y casas de huéspedes que están en su mayoría, ellos o
sus descendientes, no en el exilio sino en la isla?

Es cierto que las entidades comerciales que más sufrieron el saqueo del
comunismo cubano, fueron las de los cubanos mismos que sumaron más de
255,000 confiscaciones. Este hurto a mano armada no puede ser tolerado,
porque de lo contario se estaría premiando el robo. Las propiedades de
viviendas son una cuestión más compleja, pero igual hay que buscar una
resolución que no ampare el crimen pero tampoco sea injusta. Nadie que
esté viviendo en una residencia (casa, apartamento o finca) debe de ser
desalojado. Excepto, naturalmente, esas personas conectadas al régimen
castrista de forma relevante al manejo del poder político. Una Cuba
libre debería de formular un esquema de bonos para atender las
reclamaciones de estas víctimas del pillaje comunista, cuyas propiedades
contienen personas habitándolas.

¿Por qué sugiere para Cuba la Constitución de 1940 y no la de 1901, más
vieja pero paradójicamente más moderna que la del 40?

Las constituciones liberales, como la de 1901 en el caso cubano, es
cierto que han demostrado ser más duraderas que las de tendencia
socialdemócrata, como la de 1940. Sin embargo, la Constitución de 1940
puede ser modificada lo suficiente como para que en la práctica esté más
consistente con la actualidad. Las razones por preferir esta opción son
varias.

Entre ellas está el hecho de que revalidar la Constitución de 1940
modificada seguiría el linaje constitucional histórico de la república
cubana. También y muy importante, esta última carta magna de Cuba
democrática contiene muchas provisiones fundamentales para una
democracia funcional: control de constitucionalidad, separación de
poderes, mecanismos para la rendición de cuentas (anticorrupción),
garantías de libertades básicas y derechos humanos, defensa de la
propiedad privada, protección de la libre sindicalización y contratación
laboral, etc. Lo que si hay que tener claro es que una asamblea
constituyente inmediatamente después de la caída del régimen castrista,
corre el riesgo de ser dominada por esos en posiciones allegadas o
preferenciales a la dictadura y como tal, se podría amañar el proceso o
producir un documento sin base de experiencia. Una nueva constituyente
debería demorarse por lo menos cinco años de democracia cubana
experimentada.

Source: El "borrón y cuenta nueva" en Cuba sólo legitimaría la impunidad
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